La aprobación del plan de ajuste financiero en el Ayuntamiento de Alicante pasaba necesariamente por la renuncia del concejal de Hacienda, Toni Gallego, que se produjo ayer. Así lo exigían los dos grupos dispuestos a permitirlo, Vox, socio habitual del alcalde Luis Barcala, y el PSPV, que ofrecía su abstención.
El político popular se decantó por la formación de ultraderecha, que junto al cese de Gallego añadía un listados de condiciones económicas y políticas para votar a favor, frente a la ‘carta blanca’ ofrecida por la portavoz socialista, Ana Barceló, que ofreció la abstención incondicional para evitar, precisamente, que el PP se viera obligado a aceptar la agenda política del partido de Abascal.
Vox retiró dos puntos conflictivos referentes a los centros de menores no acompañados y al Día del Orgullo
Finalmente, Vox retiró dos puntos especialmente conflictivos de las exigencias que expresó la semana pasada: por un lado, que se instará al Consell a cerrar los centros de menores no acompañados; por otro, que el Ayuntamiento eliminara su apoyo al Día del Orgullo y otras manifestaciones sociales que repelen a los ultras, como el 8M. Pero ha mantenido un decálogo político, bastante ambiguo en algunos de sus puntos, pero muy explícito en otros, que el PP de Barcala ha aceptado sin reparos.
Entre ellos, la aprobación de una declaración institucional para instar a las Cortes Valencianas a la modificación de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano para la calificación de Alicante como ciudad castellano hablante. Vox ya había tratado de llevar al Pleno este asunto a finales de 2023, pero la promesa de que esa posibilidad entraba en los planes del gobierno valenciano que entones estaba recién constituido frenó aquella iniciativa que ahora se recupera y el PP acepta.
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Tres años antes, en 2020, Vox ya propuso en el pleno municipal una declaración institucional para instar al Consell a sacar a Alicante de la zona de predominio lingüístico valenciano y su inclusión en la lista de municipios de predominio lingüístico castellano. La propuesta fue rechazada entonces por los votos en contra de Cs, PSPV, Unides Podem y Compromís; pero contó con los votos a favor de Vox y PP, los dos grupos que ahora han pactado sacarla adelante.
Otros de los puntos destacados del decálogo es que una entidad especializada se ocupe de gestionar la Oficina de Atención a la Maternidad con que Vox pretende reducir los abortos, la “revisión” de los planes municipales de inclusión y del proyecto de las zonas acústicamente saturadas. También se aprueba convocar la Junta Local de Seguridad con Subdelegación del Gobierno “para la abordar los problemas específicos de seguridad en la ciudad de Alicante”.
Una entidad especializada gestionará la Oficina de Atención a la Maternidad con que Vox pretende reducir los abortos
Tal como exigía Vox, se introduce una enmienda al mencionado plan de ajuste por la que se aplica la disminución del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) prevista para el ejercicio de 2026, cuyo importe resultante se compensará con reducciones en el gasto previsto en idéntica cuantía de 1,1 millones de euros.